A principios de 2020, CIMIC —el mayor grupo constructor de Australia, anteriormente Leighton Holdings— anunció un deterioro contable de 1.800 millones de dólares de su empresa conjunta de Oriente Medio, BIC Contracting (BICC), y su retirada de la región. Un año después vendió BICC a una empresa local llamada SALD por una suma nominal: los documentos mostraron que el precio de venta fue de un dirham (37 centavos de dólar australiano), junto con la promesa de CIMIC de inyectar 130 millones de dólares estadounidenses en el negocio. «En la práctica pagaron para quitarse un problema de encima», dijo Helen Bird, profesora de la Facultad de Derecho de Swinburne y miembro del panel de gobierno corporativo de ASIC.
En marzo de 2022, una investigación conjunta del programa 7.30 de la ABC, el Sydney Morning Herald y The Age reveló que cientos de trabajadores quedaron varados y sin cobrar —extranjeros de países como India y Pakistán atrapados en campamentos de trabajo, algunos esperando casi un año sus salarios pendientes y sus indemnizaciones por fin de servicio—. Michael Albrecht, un australiano que había trabajado para empresas del grupo CIMIC durante 17 años, no pudo regresar a su país hasta que se le pagaran el salario y las prestaciones adeudadas. Fatima Almass Al-Hamad, administradora judicial designada por un tribunal para gestionar el negocio de Catar, calificó la situación de «desastre humanitario».
CIMIC declinó responder a preguntas detalladas. En un comunicado afirmó que nunca controló BICC, en la que tenía una participación del 45 por ciento, y que siguió trabajando con el comprador para garantizar que BICC cumpliera sus obligaciones legales con los empleados, con «avances significativos» en los pagos por fin de servicio. Mientras se emitía el escándalo, el principal accionista de CIMIC, la española ACS, acababa de lanzar una sorpresiva oferta de adquisición de 1.500 millones de dólares para tomar el control privado de la empresa cotizada en la ASX, una operación que reduciría sus obligaciones de divulgación y el escrutinio.
Un deterioro de 1.800 millones de dólares, una inyección prometida de 130 millones de dólares estadounidenses para traspasar BICC, y meses de salarios impagados para los trabajadores varados en Catar.
El negocio de Oriente Medio llevaba años sin ser saludable, y la salida se diseñó sobre el papel: un precio de venta de un dirham respaldado por una promesa de financiación de 130 millones de dólares.
El pago de los salarios y las indemnizaciones por fin de servicio se dejó en manos del comprador local, con escaso capital, y los trabajadores quedaron sin cobrar durante meses mientras el vendedor se marchaba.
La estructura no cortó realmente el vínculo: la participación del 45%, la promesa de 130 millones de dólares y la plantilla sin cobrar mantuvieron el nombre de CIMIC ligado a cada derecho no satisfecho.
El lanzamiento de una oferta de privatización de 1.500 millones de dólares en pleno escándalo fue interpretado por los expertos en gobierno corporativo como un intento de escapar de la divulgación y el escrutinio propios del mercado público.
Vender una unidad deficitaria no pone fin a las obligaciones de una empresa: quien está más cerca de la plantilla sigue cargando con el coste humano y reputacional de una salida hecha solo sobre el papel.
CIMIC afirmó que BICC seguía logrando avances significativos en las indemnizaciones por fin de servicio de los empleados y que había cumplido sus obligaciones de divulgación continua; el socio del 55 por ciento de BICC y la inversión de SALD no respondieron a la investigación. Helen Bird dijo que CIMIC había tratado a su plantilla «de forma absolutamente abominable» y que no quedaba libre de responsabilidad hasta que se completara la venta. El reportaje de 7.30/SMH/The Age se emitió en marzo de 2022, con la oferta de compra privada de 1.500 millones de dólares de ACS todavía sobre la mesa.
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